Elegir el aval adecuado para un contrato de alquiler es clave para garantizar la seguridad jurídica y económica tanto del arrendador como del inquilino. Con la reciente aprobación del decreto ‘ómnibus’, el Gobierno ha introducido un nuevo tipo de aval estatal, pero existen otras opciones que también pueden adaptarse a distintas situaciones.
Aval del Gobierno por impago de alquiler
Este nuevo aval está diseñado para respaldar al propietario ante el impago del inquilino. Para acceder a él, es necesario que la vivienda esté situada en una zona tensionada y que el precio del alquiler no supere los límites del índice estatal. Además, el arrendatario debe ser menor de 35 años o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Este mecanismo cubre rentas impagadas, daños en la vivienda, deudas de suministros y otros gastos relacionados, y será gestionado por las comunidades autónomas.
Aval personal
Este tipo de aval implica que una tercera persona —normalmente un familiar o amigo del inquilino— se compromete a responder en caso de incumplimiento. Debe quedar claramente especificado en el contrato de alquiler el alcance de esta responsabilidad. Aunque es más accesible, el avalista asume un riesgo importante y podría enfrentarse a reclamaciones judiciales si el arrendatario no cumple con sus obligaciones.
Aval bancario
En este caso, una entidad financiera garantiza el pago al propietario en caso de impago. Para obtenerlo, el inquilino debe acreditar solvencia económica y asumir costes como comisiones y un depósito bloqueado. Aunque es una opción segura para el arrendador, su tramitación puede resultar compleja y costosa, lo que ha reducido su uso frente a opciones más flexibles como los seguros de impago.
Desde Qualia Habitat, recomendamos analizar con detenimiento las características de cada tipo de aval y elegir el que mejor se adapte al perfil económico del inquilino y al nivel de seguridad que desea el arrendador. La elección correcta puede prevenir muchos conflictos futuros.
